El acceso a la justicia, cada vez mas dificil

A los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, la Abogacía institucional reitera el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, celebrada en noviembre de 2012, exigiendo la “inmediata retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos”.

“El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y, sin embargo, no se ha recaudado lo previsto por las tasas. Se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia.

El objetivo de la Ley de Tasas es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia por los ciudadanos. El resultado más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

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